La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (BOE núm. 11, de 13 de enero), ha marcado un punto de inflexión en la concepción del marco de actuación y de las medidas adoptadas por parte del sistema justicia juvenil. Esta Ley ha supuesto un avance hacia un modelo de naturaleza sancionadora-educativa, encaminado a la reinserción de los/as menores y la prevención de la reincidencia a través del desarrollo de programas de tratamiento psicoeducativos individualizados. Asimismo, el auge de los principios de actuación basados en evidencia se ha convertido en un punto de referencia clave para las políticas de justicia penal y juvenil, tanto a nivel nacional como internacional, abriendo nuevas vías de intervención con menores infractores (MILLER y PALMER, 2020).

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